Sobre la polémica en torno a la conveniencia o no del control cambiario

Este fin de semana publicamos un breve texto de la profesora Pasqualina Curcio sobre el control cambiario. En vista del interesante e intenso debate suscitado en la sección de comentarios, y sobre todo en nuestras redes sociales, donde se plantearon varias preguntas y dudas por parte de nuestros lectores, optamos por escribir esta editorial sobre cuestiones que, por sí o por no, hay que tener presentes a la hora de considerar la permanencia o no del control cambiario.

Aclaramos que no pretendemos responder por esta vía las interrogantes planteadas directamente a la autora del texto implicado. Eso es algo que solo puede hacer ella y estamos seguros lo hará en su momento. Aquí nos limitaremos, como dijimos, a exponer de manera breve algunas claves o pistas para la reflexión:

  1. En primer lugar, el debate sobre la conveniencia o no del levantamiento del control cambiario, ignora que en la práctica el mismo en sentido estricto ya no existe. Lo que a nuestro modo de ver existe es una confusión generada por el hecho de que dicho levantamiento (al igual que ocurrió con el de precios) nunca fue informado de forma oficial y transparente. Así como por la permanencia de algunas normativas administrativas y operacionales aún propias de un control cambiario, como la denominada ley de ilícitos cambiarios.
  2. En el marco de un control cambiario, el ente regulador fija tanto el tipo (o los tipos) de cambio, como la asignación de divisas. En el caso venezolano eso es aún más claro, ya que además de fijar el tipo de cambio, el Estado históricamente no solo regula y/o administra la asignación de divisas, sino que, de hecho, es quién genera las divisas para la asignación, las cuales provienen de los ingresos causados por las exportaciones del sector público, fundamental –aunque no exclusivamente- el petrolero. Esto es un diferencia fundamental con otros controles de cambio, como por ejemplo el aplicado en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández, dado que el origen de las divisas para este caso provienen prácticamente en su totalidad de los propios privados, y dentro de estos, el sector agrario exportador primario, al cual el Estado aplica retenciones (equivalentes a impuestos o cuotas obligatorias que deben aportar).
  3. Es en virtud de lo anterior que, en nuestro criterio, el control cambiario que regía desde 2003 en la práctica ya fue levantado. Dicho levantamiento ha ocurrido un poco en cámara lenta, por partes y sin ser anunciado, pero en lo fundamental se dio en septiembre de 2017, cuando se suspendió el anterior sistema DICOM.
  4. Como se recordará, el anterior sistema DICOM aún contemplaba dos cosas: en primer lugar, la coexistencia de dos tipos de cambio oficiales: DICOM y DIPRO, éste último –significativamente más bajo que el primero- se suponía para la importación de bienes y servicios esenciales (alimentos, medicinas, etc.). Pero también contemplaba la asignación de divisas públicas (es decir, producidas por las empresas del Estado). En el actual sistema DICOM, que comenzó a operar en febrero de este 2018, ni lo uno ni lo otro existen ya. Se opera con un solo tipo de cambio que es asumido como el oficial (el que arrojan las subastas), pero además, según el convenio cambiario vigente, no es el Estado quien coloca las divisas a ser subastadas, sino los propios privados. Es decir, el DICOM actualmente vigente es un mercado privado de divisas, administrado por el BCV, pero privado al fin de cuentas. Y hasta donde sabemos, el famoso ofrecimiento presidencial de mil millones de dólares supuestamente provenientes de la preventa de El Petro todavía no se ha materializado.
  5. Pero adicional a lo anterior, en nuestro criterio, a efectos del control cambiario, lo determinante ocurrido para su levantamiento informal fue el lapso de cinco meses ocurrido entre la suspensión del “viejo” DICOM en septiembre de 2017 y el comienzo del “nuevo”, en febrero de 2018. Y es que en dicho lapso ocurrieron al menos cuatro cosas:
  • La primera es que al no publicarse ni reportarse ningún tipo de cambio oficial, se dejó que los agentes económicos asumieran que el tipo de cambio definitivamente real era el paralelo-ilegal. Si este “dejar” fue por omisión o con intencionalidad, es un hecho secundario a efectos de lo que estamos hablando. En cualquier caso, el punto es que así ocurrió.
  • En segundo lugar, y como es por todos conocido, no solo pasó que se dejó ante la ausencia de un tipo de cambio oficial que el tipo de cambio paralelo-ilegal se impusiera definitivamente: en la practica se terminaron consolidando también otros tipos de cambio paralelos-ilegales. Es decir, ya no era solo Dolar Today, sino también varios otros como Air TM. Como reza el dicho: éramos muchos y parió la abuela.
  • En tercer lugar, y como decíamos en nuestra anterior editorial, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, ocurrió una de las más dramáticas devaluaciones del bolívar. En primer lugar una doble devaluación oficial, operada en los tramos para los cuales regían los tipos oficiales vigentes hasta septiembre de 2017, DICOM y DIPRO: en aquel entonces, al momento de la suspensión, el tipo de cambio DICOM estaba en 3 mil bolívares. Y en 10 bolívares por dólar en el DIPRO. Cuando el “nuevo” DICOM arrancó en febrero de este año, partió con un tipo de cambio unificado (debido a la eliminación del DIPRO), en torno a los 25 mil bolívares por dólar, lo que supuso una devaluación de más del 700% para todo aquello que estaba a DICOM. Pero de más de 250 mil % para todo aquello que se encontraba a DIPRO. Por su parte, el tipo de cambio ilegal-paralelo, en aquel tiempo hegemonizado por Dolar Today, se encontraba en bolívares 25 mil. Es decir, de septiembre 2017 a febrero 2018 mostró una variación de 803%.
  • Lo cuarto, entre una fecha y la otra, fue el elemento hiperinflacionario, en buena medida alimentado por lo anterior: antes semejantes devaluaciones y ante la suspensión del sistema cambiario (que en la práctica se tradujo en la suspensión de toda autoridad monetaria) el demonio de los precios terminó de soltarse.

En virtud de todo lo anterior, queríamos terminar concluyendo las siguientes cuestiones para el debate:

  1. En nuestro criterio, el no éxito de la política cambiaria para combatir al mercado paralelo tiene varias explicaciones. Una es el bloqueo financiero comercial. Pero adicionalmente, dicha política cambiaría no solo adolece de una estrategia económica más amplia e integral (y no solo cambiaría), sino que parte de un error de diagnóstico fundamental: y es que pese a que en lo discusivo se habla del “dólar criminal”, la “dictadura del patrón dólar”, “guerra económica”, etc., en la realidad se ha terminado asumiendo que el verdadero tipo de cambio es el que opera en los mercados paralelos-ilegales, razón por la cual la política de “combate” contra “el dólar criminal” ha consistido en acercar cada vez más el tipo de cambio oficial al de los mercados paralelo, lo que resulta doblemente inútil: por una parte, porque dada la naturaleza especulativa de los mercados paralelos, por mor tiende a alejarse del mercado oficial para aprovechar el diferencial cambiario; y en segundo lugar, porque al parecer los arquitectos de esta estrategia no han caído en cuenta que al devaluar el tipo de cambio de modo semejante deben en consecuencia aumentar la masa monetaria, lo que termina sirviendo de argumento a los especuladores para hacer subir aún más el tipo (ahora “los tipos”) de cambio ilegales paralelos.
  2. En segundo lugar, es una ilusión absoluta y de una ingenuidad peligrosa asumir que por la liberación definitiva del mercado cambiario desaparecerán automáticamente los tipos de cambio paralelos. El mejor ejemplo es el argentino, donde pese a que Macri en diciembre del 2015 entre sus primeras medidas “levantó el cepo cambiario”, el mercado cambiario no se estabilizó, sino que de hecho los tipos de cambio paralelos siguen operando y son, además, los que se siguen usando para poner presión sobre el peso y devaluarlo cada vez más. Los resultados de esa estrategia están a la vista.
  3. En tercer lugar, existe un problema estructural que debe considerarse para la existencia de un mercado privado de divisas en Venezuela: y es que aunque los privados venezolanos son altamente demandantes de divisas, son pobres oferentes. Veamos en cifras: Entre 1999 y 2015, el sector privado exportó, según cifras del BCV, 121 mil millones de dólares, lo que hace un total de 7 mil millones de dólares promedio año. En el marco de sequía de divisas actual malos no serían, pero este año 2018 solo por concepto de deuda externa el país debe cancelar unos 8 mil millones de dólares más vencimiento por el orden de los 4 mil millones. Por otra parte, entre 2013 y 2017, el promedio anual de importaciones –con todo y recesión- ha estado por el orden de los 27 mil millones. Eso es al menos 3,8 veces más de lo que aporta el sector privado a las cuentas nacionales. Si a eso le sumamos que en 2016 se aprobó un convenio cambiario promovido, entre otros, por el entonces ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior Jesús Farías, que establece que del 100% de las divisas generadas por concepto de exportaciones los privados solo deben aportar a la República el 20% (lo que de paso no hacen, tal y como ha sido denunciado por el propio presidente), está de más decir que a ese ritmo y dejando por fuera los temas políticos el día que el sector privado pueda sustituir al público (lo que algunos llaman “superar el rentismo”) está bastante lejos, con todo y los estímulos que les han dado, como por ejemplo el hecho de contar en la actualidad con la mano de obra más barata del mundo gracias a las devaluaciones que promueven para ser “competitivos”.
  4. Una de las cosas que se propone en el documento de recomendaciones hecho público por este medio hace unos días, específicamente en el numeral 4, es la creación o consolidación del mercado privado de divisas, que libere al Estado de la obligación de asignarlas. Pero para que esto ocurra, no solo debe darse que los privados aporten divisas para vender, lo que no esta ocurriendo ni ocurrirá en el corto ni mediano plazo se las pongan al precio que se las pongan, sino que debe regir igualmente un marco regulatorio y de fiscalización claro, ágil y públicamente transparente. Desde luego, siempre será preferible que un tipo de cambio para comercio entre privados lo fije una casa cambiaría legal y reconocida que una ilegal y oscura. Sin embargo, el simplemente delegarle esa función a Zoom o Italcambio, no solo mina la ya casi extinta autoridad que constitucionalmente le compete al BCV: si vamos a  seguir hablando de “guerra económica” entonces en términos fácticos es una suerte de rendición, en este caso entregándole las armasde laRepública a unos operadores que fueron, de hecho, quienes que comenzaron los ataques cambiarios en 2007, motivo por el cual sus operaciones fueron prohibidas por el presidente Chávez.
  5. Por último, aunque no menos importante: en el corto plazo -que es el único plazo que tenemos pues en el largo, para citar a Keynes “todos estaremos muertos“- la única posibilidad viable de recuperación pese a las dificultades que enfrenta, es enfocar esfuerzos en el sector petrolero y sus derivados (incluyendo el gas), de modo de recuperar la producción y aprovechar el alza delos precios y desatar un nuevo efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Eso y, desde luego, una sana, oportuna, menos oscura, desordenada y discrecional administración de los recursos.

¡Gracias a todos y todas por sumarse al debate!

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